La Justicia dicta medida en favor de un grupo de hipotecados UVA de Misiones y le pone un tope a sus cuotas

La medida llega luego de que un grupo de tomadores de créditos UVA de Posadas, representados por el abogado José Bernardo Díaz, hicieron presentaciones en cuatro ámbitos judiciales de la capital provincial.

La jueza Carmen Carbone, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Laboral N°6 de Posadas dictó este viernes una medida cautelar de no innovar a favor de 6 tomadores de créditos hipotecarios UVA que había realizado una presentación ante este juzgado la semana pasada. La medida cautelar establece un tope de cuota del 25% de los ingresos netos, ingresos de bolsillo, de los que realizaron la petición. Y estará vigente hasta tanto se resuelva la demanda principial, que plantea la revisión de los contratos. La Justicia, además, fijó 90 días como plazo para buscar esta resolución.

La medida llega luego de que un grupo de tomadores de créditos UVA de Posadas, representados por el abogado José Bernardo Díaz, hicieron presentaciones en cuatro ámbitos judiciales de la capital provincial, reclamando la revisión del contrato mutuo de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). En esa presentación se pide que la Justicia interceda ante cuatro bancos privados con asiento en Misiones para salir del sistema UVA, para de esta forma, pasar a la fórmula Casa Propia y el reajuste de la deuda. Ello además de morigerar los actuales intereses y requiriendo la nulidad de cláusulas abusivas.

Desde el Movimiento Hipotecados UVA autoconvocados destacaron la celeridad con que actuó la Justicia, y aseguraron que a su entender «se resguardan de los derechos y garantías constitucionales y en los tratados internacionales con tal jerarquía, a efectos de proteger los derechos de los accionantes y sus familias. La jueza ha dicho que es el norte que da sentido a las disposiciones cautelares expuestas, teniendo como relevante que se trata de la vivienda, sede de unión y habitación, de desarrollo y crecimiento del núcleo básico de nuestra sociedad, la familia».

En la resolución judicial se indica que «el impacto de las variaciones de los precios, en todos los aspectos, en las economías familiares de los consumidores durante y después de la pandemia estará, sin dudas, atravesado por el sobreendeudamiento; y en este sentido las respuestas deberán construirse sobre pautas de equidad». «Se tiene en cuenta entonces el desfase entre las previsiones inflacionarias proyectadas por el gobierno al tiempo de lanzarse al mercado los créditos UVA y la evolución real que tuvieron en el país los índices de inflación», explican desde la mencionada organización.

«Las deudas deben ser pagadas, más ello no puede implicar que lo sea a cualquier costo, y surge relevante el caso como el que nos ocupa, en que el Estado promocionó la contratación de los créditos UVA, con importante propaganda de beneficios, lo que se traduce ahora en una realidad distinta a la propugnada y a la actualidad económica, que en forma decisiva recae en la actividad de las entidades financieras», concluyen.

Ahora la Justicia deberá abocarse a la cuestión de fondo, para definir hacia donde se inclina la solución del conflicto. Sea cual sea la respuesta que de la Justicia, sentará un presendente en casos de este tipo.

fuente: elterritorio.com.ar

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