Quieren saber quién pagará por la mala inversión de la telecabina de Salto Encantado

Investigan si el Estado inició juicios de responsabilidad por la pérdida de la millonaria inversión que nunca se habilitó en el Parque Provincial.

Fue uno de los anuncios más importantes del Gobierno de Maurice Closs y terminó en la nada, al igual que el casino flotante y la pista en El Soberbio. En este caso, la telecabina en Salto Encantado habría generado pérdidas de millones de pesos al Estado provincial y nadie respondió qué pasó con él o los responsables de esa fallida obra.

El proyecto de telecabinas para el Parque Provincial Salto Encantado data del 2010 y los últimos trabajos se registraron en 2017. Según el Gobierno -que anunció las obras a través del entonces subsecretario de Planeamiento Estratégico Sergio Dobrusin, la infraestructura iba a constar de diez torres de hormigón sobre las que se montaría un novedoso sistema de motores, cables y seis telecabinas con capacidad para cuatro pasajeros cada una, que iban a posibilitar que los visitantes den un paseo a cien metros de altura de diez o quince minutos por dentro de la selva y con una vista privilegiada al salto propiamente dicho.

Desde un comienzo, esas obras estuvieron envueltas en serios cuestionamientos, tanto ambientales como técnicos. Según denunciaron las organizaciones ecologistas, no se habrían realizado los estudios de impacto ambiental para determinar la afectación real de estas obras en un parque provincial con altísimo nivel de protección.

En tanto que, a nivel técnico y para la obra civil, se habría contratado a una empresa sin experiencia en este tipo de instalaciones de altura, la que sin embargo aparece como contratista en otras 26 obras públicas millonarias encargadas por el entonces gobernador Closs.

Con el paso de los años se conoció que además de la empresa RBM SRL (encargada de la obra civil) se contrató a la prestigiosa firma ISB ingeniería de montaña, que debía construir las telecabinas propiamente dichas.

Pero estos contratos jamás tomaron estado público. Si se revisa el Boletín Oficial de la provincia, no se encuentran referencias a contrataciones y/o licitaciones con algunas de estas empresas y/o referencias concretas al proyecto, más allá de incorporaciones presupuestarias dirigidas al Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, que recibió fondos para una obra que en teoría fue prevista y ejecutada por la gestión anterior del Ministerio de Turismo.

Es decir que, a la fecha, todos los aportes del erario público por redeterminaciones de precios, son meras especulaciones y no se conoce el monto real invertido.

Por esta razón, el diputado provincial del Partido Agrario y Social, Isaac Lenguaza, solicitó al Gobierno provincial que informe si se inició un juicio de responsabilidad a los funcionarios involucrados y cómo quedó la relación con las empresas que participaron, además de los montos invertidos y otros detalles.

En el proyecto solicitó que el Poder Ejecutivo provincial y el Tribunal de Cuentas cuenten oficialmente:
• El monto total invertido por el Gobierno provincial desde 2010 a la fecha; tanto por el contrato inicial como por las sucesivas incorporaciones presupuestarias.
• Las empresas contratistas que tuvieron a su cargo la ejecución de la obra, tanto las civiles como las estrictamente relacionadas a la construcción y puesta en marcha de las telecabinas, y monto efectivamente cobrado en todo concepto por cada una de ellas en todas las etapas de obra.
• Si el Estado ha rescindido los contratos por las causales (fraude, negligencia, incumplimiento del contrato); si se ha procedido a la retención de los depósitos de garantía; si se ha eliminado o suspendido a él o los contratistas del Registro de Constructores; si se han aplicado multas y/o sanciones pecuniarias; o si por el contrario, ha sido el Estado demandado por incumplimientos relacionados con los contratos de esta obra.
• También Lenguaza solicitó que se informe si se han iniciado juicios de responsabilidad a él o los funcionarios públicos por los incumplimientos, impericias y/o irregularidades detectadas en el llamado a concurso y/o licitación y/o contratación directa de las obras;
• Si se ha establecido que existieron daños para la hacienda pública.
• Si se han detectado delitos de acción pública en todo el proceso que determinó una pérdida millonaria para el erario público y si se han derivado las actuaciones al Fiscal de Estado.

Fundamentos principales

En los fundamentos del proyecto se indica que “todos los aportes del erario público por redeterminaciones de precios, son meras especulaciones y no se conoce el monto real invertido”.

“Después de una década de retrasos, paralizaciones, abandonos parciales, reinicios, nuevos anuncios y seguramente nuevos aportes de fondos públicos, desde el Estado provincial admitieron la inviabilidad de las obras y ordenaron que fueran desmanteladas”, señaló el diputado Lenguaza.

Y agregó: “se supo por versiones no confirmadas, que la Provincia habría tenido que pagar de todos modos a la empresa ISB ingeniería de montaña para evitar un juicio millonario”.

“La realidad es que en cuestiones vinculadas a la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, no se puede pretender un simple “borrón y cuenta nueva” o dar por finalizada una “polémica mediática”.

“Cuando se trata de la administración del erario público es fundamental conocer si funcionaron los mecanismos de contralor que garanticen la transparencia de los actos y de los sujetos obligados, lo que a su vez permite el control ciudadano sobre la ejecución de los recursos y actos de la administración pública”, enfatizó el legislador opositor.

Por último indicó que: “Necesitamos saber si los funcionarios o exfuncionarios responsables de este proyecto fueron investigados por el Tribunal de Cuentas; si se les ha iniciado el correspondiente juicio de responsabilidad; si se ha establecido que existieron o podrían existir daños para la hacienda pública; si se han detectado procedimientos administrativos irregulares y/o delitos de acción pública en todo el proceso que determinó una pérdida millonaria para el erario público y si se han derivado las actuaciones al Fiscal de Estado. Es primordial conocer estas acciones antes de volver a disponer de fondos públicos para un nuevo proyecto erigido sobre las ruinas de uno que fracasó tan rotundamente”

fuente: primeraedicion.com.ar

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