El Equipo Misionero de DDHH, Justicia y Género rechazó la criminalización de la protesta
Lo hizo mediante un comunicado de prensa tras conocerse las denuncias y posterior detención contra militantes del FOL por lo sucedido en Leandro N. Alem, y las denuncias contra algunos dirigentes que participaron de los cortes de ruta en Montecarlo.
El comunicado de prensa expresa:
𝐴 𝑝𝑜𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑖́𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜́𝑛, 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑂𝐿 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑎́𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑙𝑒𝑚, 𝑒𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑢𝑛 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖́𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛. 𝐸𝑠𝑡𝑎 𝑣𝑒𝑧 𝑒𝑙 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑒 𝑎 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑡𝑒, 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒́𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑅𝑢𝑏𝑒́𝑛 𝐷𝑎𝑟𝑖́𝑜 𝑂𝑟𝑡𝑖𝑧 (𝑀𝑃𝐿), 𝑁𝑒𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 𝐶𝑎𝑛𝑜 (𝑀𝑇𝑅) 𝑦 𝐷𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑖𝑜 𝐴́𝑙𝑣𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑟𝑎 (𝐹𝑂𝐿) 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 12 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖́𝑎𝑠 24, 25 𝑦 26 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜.
Como organización de derechos humanos recordamos que ejercer la protesta es un derecho protegido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales universales y regionales de Derechos Humanos. Bajo ningún punto de vista el ejercicio de la protesta debe ser criminalizado ni judicializado y las autoridades están obligadas a buscar soluciones políticas a las demandas que se expresan a través de la protesta social. Definitivamente, la criminalización, la judicialización y la represión no pueden ser la salida cuando desde el Estado no se han resuelto las causas de los reclamos.
Por otra parte, advertimos que existe una fuerte ofensiva de estigmatización y criminalización de los sectores que integran las organizaciones sociales, y que detrás de quienes se presentan como simples vecinos que se ven afectados por las protestas operan sectores políticos que alientan a la represión y la judicialización de las luchas de quienes sufren las peores consecuencias de la crisis, el desempleo, la falta de acceso a derechos básicos.
En este sentido repudiamos la denuncia presentada contra los dirigentes sociales de Montecarlo por los abogados Lucas Vega y Walter Kunz, ambos reconocidos militantes y ex funcionarios del PRO de la zona norte, así como la recurrencia a la vía penal por parte del intendente Wolemberg acompañada por el accionar de quienes alientan a ejercer la violencia en forma directa para disolver piquetes y manifestaciones como sucedió en Leandro N. Alem. Entendemos que estas acciones son claras formas de incitación al odio y a la violencia y han sido precedidas de un largo trabajo de estigmatización sobre los sectores más postergados cuando ejercen su derecho a la protesta.
También repudiamos la apelación a la delación como forma de contener la protesta y de atacar a las organizaciones sociales, tal como lo hace el concejal Daniel Galarza del PRO de Montecarlo, quien insta a la población de la zona norte a denunciar a dirigentes sociales y habilitó a tal efecto un link en sus redes sociales. Tal apelación remite claramente a las prácticas de la dictadura militar, que exhortaba a la población a denunciar a sus propias vecinas y vecinos como forma de instaurar el orden dictatorial, la desconfianza y el terror.
Como Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género expresamos nuestra solidaridad con las y los militantes sociales judicializados y con sus organizaciones, y exigimos que se generen los espacios de diálogo social que sean necesarios para dar salidas a las demandas que se plantean ante la situación de emergencia en que se encuentra gran parte de la población.
