La resolución del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) para regularizar la tenencia de las viviendas que son alquiladas en forma ilegal a familias que las necesitan, dejó al descubierto un nuevo caso que involucra a un funcionario provincial.

El escribano de Gobierno Adjunto, Walter Pintos Garro, es cotitular, junto con su esposa Gabriela Monjes, de unas de las casas construidas por el Instituto para vivienda única familiar por lo que decidió alquilarla (de manera indebida) a una familia con verdadera necesidad habitacional integrada por Abel Domínguez, su esposa y sus dos nenas.

Abel alquilaba desde hace casi tres años y alentado por el IPRODHA, el 15 de noviembre se presentó y denunció el alquiler. El pasado viernes salió toda la familia a trabajar como de costumbre, sin embargo cuando llegaron a la casa por la noche, se encontraron con un muro que les tapiaba el ingreso y al escribano, su esposa y un policía en posesión del inmueble.

Cuando quiso entrar de todos modos (ya que todas las pertenencias de Abel, su mujer y sus dos niñas, se encontraban dentro de la vivienda) el policía que acompañaba al escribano lo esposó y se lo llevó detenido a la Comisaría Quinta acusándolo de pretenso intruso.

Si bien Abel recuperó la libertad se quedó con lo puesto junto a su familia ya que no pudieron sacar nada.

fuente: misionesopina