Un juez había aceptado un habeas corpus y ordenado su liberación, pero el presidente del tribunal dispuso que siga preso.

Brasil quedó sumergido en una inédita batalla judicial luego de que el juez Rogerio Favreto ordenara este domingo la liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde el 7 de abril, una medida que revocó horas más tarde un magistrado de la causa Lava Jato y que generó un ida y vuelta hasta que el presidente del tribunal que intervino ordenó que siga preso.

Favreto concedió un habeas corpus al ex presidente y ordenó a la Policía Federal que lo libera de inmediato, provocando la previsible indignación del sector de la justicia que empujó la investigación del Lava Jato. Este juez crítico del Lava Jato, fue afiliado del Partido de los Trabajadores (PT) que lidera Lula y durante su primer gobierno fue asesor jurídico de la Casa Civil de la Presidencia.

En su momento Favreto había sido el único integrante del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) con sede en Porto Alegre, que votó por la apertura de un procedimiento disciplinario contra el juez Sergio Moro, bajo la alegación de “índole política” por mandar a Lula a la cárcel.

Poco después conocida la decisión de liberar a Lula, el juez João Gebran Neto ordenó a la Policía Federal abstenerse a “practicar cualquier acto que modifique la decisión colegiada” de ese mismo tribunal que en su momento ordenó la detención de Lula y determinó que debía seguir en prisión. Favreto insistió en su decisión y ante el conflicto judicial intervino el procurador de Porto Alegre y la decisión final quedó en manos del presidente del TRF-4, Carlos Eduardo Thompson Flores, quien dispuso que siguiera preso.

El habeas corpus que concedió Favreto fue presentado el viernes por los diputados del PT, Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, quienes argumentaron que no había fundamento jurídico para su detención.

La noticia sorprendió a Brasil y al darse a conocer que Lula podría quedar en libertad este mismo domingo, arrancó un debate por un conflicto de competencias. Es que el juez Sergio Moro -el primero en ordenar la detención de Lula- salió a decir que Favreto no tiene la facultad de liberar al ex presidente.

“Si un actor o autoridad policial cumple la decisión de una autoridad absolutamente incompetente, estará incumpliendo la orden de prisión emitida por el colegiado del Tribunal Regional Federal de la 4ta región -que en su momento ratificó su propio pedido de detención-“, afirmó Moro.

Horas más tarde se conoció la decisión del juez Gebran Neto, que ordenó a la policía Federal ignorar el pedido de liberación del ex presidente. Gebran Neto es amigo de Moro y es uno de los tres jueces que integran la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre, que condenó a Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Pero después, Rogerio Favreto volvió a ordenar la liberación de Lula y advirtió que desconocer su decisión importa caer en el delito de “desobediencia judicial”. Luego el procurador de Porto Alegre pidió que la causa sea retirada de la esfera de Favreto y sea el presidente del TRF-4 quien decida si Lula debe ser liberado.

El clima político que se vive en Brasil es de mucha tensión. La senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, apuntó contra Moro y llamó a una “gran manifestación en Brasil” si Lula no es liberado.

Más allá de la guerra judicial, el escenario es de total incertidumbre porque Lula lidera las encuestas de cara a las elecciones y ya está lanzado a la campaña. Incluso Favreto había argumentado su pedido de liberación al afirmar que el encarcelamiento atentaba contra su derecho a ser candidato a Presidente.

Mientras que desde la oposición aseguran que estará inhabilitado para competir, Lula los desafía y hace unos días hizo una carta pública en la que les exigió que presenten pruebas sobre su supuesta culpabilidad hasta el 15 de agosto, fecha en la que -aseguró- su candidatura será registrada en la Justicia Electoral.

Lula mantuvo siempre su inocencia en el juicio conocido como el “triplex” por el departamento que supuestamente le entregó como coima una empresa constructora. El ex presidente siempre negó que el inmueble sea de su propiedad y aún en prisión aseguró que competirá en las elecciones presidenciales pautadas en Brasil para octubre.

fuente: lapoliticaonline