La policía y funcionarios del juzgado de Instrucción de Eldorado realizaron un allanamiento en el Concejo Deliberante y la municipalidad delicense el pasado lunes, en el marco de una denuncia presentada contra el intendente, Eberth Vera, por el faltante de una retroexcavadora perteneciente al patrimonio municipal.

Los efectivos se llevaron documentación que podría ser clave para determinar si la máquina vial que apareció en una empresa privada de Montecarlo fue regalada, vendida, donada o cuál fue la razón por la que desapareció del corralón municipal.

La denuncia fue efectuada por el secretario del Concejo Deliberante, Miguel “Toti” Tarnoski, y por un empleado municipal con 28 años de antigüedad, quien fue despedido en 2015, a pesar de tener amparo gremial, por negarse a trabajar para la campaña política de Vera.

Junto con la denuncia, presentaron documentación que prueba que la máquina fue adquirida en 1993, por un valor de 29 mil dólares, y pagada con fondos descontados de la coparticipación municipal. Ya en aquel momento los Vera gobernaban el municipio: Guillermina (hermana de Eberth) era secretaria del Concejo Deliberante y su padre, Elvio, era alcalde.

Luego de la presentación, que busca esclarecer la desaparición de la retroexcavadora, dos concejales renovadores pidieron al presidente del Concejo Deliberante que remueva a Tarnoski del cargo, en una clara actitud de protección al intendente, contraria a la función de “contralor” que debería efectuar el Poder Legislativo municipal.

Lo llamativo es que el propio jefe comunal aportó confusión al asunto, hace algunos días, cuando declaró en radio Génesis de Eldorado que la máquina pertenecía a Vialidad Provincial y que fue retirada del corralón municipal por operarios del organismo vial. Sin embargo, no pudo explicar la existencia de ordenanzas y resoluciones del año 1993 que aprobaron la compra y los pagos mediante descuento de coparticipación.

El juez que ordenó el allanamiento es Roberto Saldaña. Los concejales de Cambiemos esperan que la causa avance y anticiparon que seguirán de cerca el accionar del juez en este caso. En forma paralela, presentaron un pedido de Comisión Investigadora contra el intendente, ya que la Ley Orgánica de Municipalidades establece que no se puede vender ni donar ningún elemento que pertenezca al patrimonio municipal sin la autorización por ordenanza del Concejo Deliberante.

La entrega, por venta o cesión, de la retroexcavadora nunca fue autorizada por los ediles y levanta sospechas de un negociado particular. Por eso, además de la denuncia penal, quieren que este hecho se investigue en el marco del Concejo Deliberante. A pesar de que Vera tiene mayoría para hacer caer este proyecto, los renovadores pagarán el costo político y quedarán expuestos, ante la opinión pública, defendiendo a un jefe comunal que habría repartido el patrimonio público como si fuera propio.

Fuente: Primera Edición