Las cifras son alarmantes. Según la Universidad Católica Argentina (UCA), hay cinco millones de trabajadores precarios (los llamados informales con continuidad laboral); el subempleo (de supervivencia) afecta a 3,8 millones de personas, y hay 1,8 millones de desocupados. En total, suman 10,6 millones de personas con problemas de empleo . Ante la consulta de LA NACION, el Ministerio de Trabajo confirma que “hay 11.680.000 personas en esa situación entre desocupados (1,9 millones), informales (siete millones) e inactivos potenciales demandantes (2.780.000)”. Es decir, se trata de un cuarto de la población total y la mitad de la población económicamente activa (PEA), que llega a 23.680.000 personas, que no tiene el trabajo que necesita para cubrir sus necesidades.

Esto no es todo. En 2017, un 47,9% de los ocupados, según la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) de esa universidad, pertenecen al sector microinformal, que comprende establecimientos chicos, de muy baja productividad. Más de la mitad no terminaron el secundario. No tienen aportes jubilatorios ni cobertura de salud y tienen un trabajo que va y viene, sin continuidad. Es prácticamente el mismo porcentaje que en 2016, con leves variaciones desde 2010 en adelante.

A principios de 2016, el Gobierno propuso una ley llamada de “primer empleo”, pero no prosperó. Se trataba de bajar costos laborales no salariales para incentivar a empleadores a contratar, en blanco, a jóvenes en situación vulnerable. Ahora intenta que se apruebe una serie de reformas que, a su entender, permitirían mejorar la situación.

“Hay que convencer a los argentinos de que no tenemos problemas nuevos, sino los mismos desde hace décadas”, dice el investigador Eduardo Donza, a cargo del informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, titulado “Características de los trabajadores del sector microinformal y efectos sobre el desarrollo humano 2010-2017”.

Al tercer trimestre de 2017 solo un 43,9% de la PEA había logrado acceder a un empleo pleno de derechos, según la UCA. El porcentaje subió un 2,5% respecto de 2016 y es prácticamente el mismo que en 2010. Donde hubo un deterioro significativo en estos siete años es en el subempleo inestable, que llegó al 18,5% en 2017, frente al 18% del año anterior y al 9,7% de 2010. Su característica principal es el reducido nivel de productividad y de retribuciones. Por otra parte, el 27,8% tiene un empleo precario, con continuidad laboral, pero “en negro”, y el 9,8% está desempleado (8,3% según el Indec, para el mismo trimestre).

Donza repasa las décadas pasadas para explicar que los años 1970 y 1980 “fueron las últimas etapas de un modelo de sustitución de importaciones, con una industria en desarrollo. Eran épocas en las que las personas entraban en una empresa y se jubilaban en ella. Después, en la década del 90 hay un auge de un modelo neoliberal, donde la teoría dice que si se libera el mercado se van a equilibrar diferencias de productividad (las empresas menos productivas se van a aggiornar). Se pasó a otro extremo”, dice.

Hasta llegar a los 2000, cuando el empleo creció después de la crisis de 2001 para después estancarse. Desde 2009, según la UCA, “en el marco de los límites de un modelo fundado en el consumo sin aumento de inversiones, se desaceleró la creación de puestos de trabajo y se estancaron las mejoras en el mercado laboral. Desde 2016 las medidas de ajuste macroeconómico, el contexto internacional adverso, la política antiinflacionaria y la insuficiente inversión privada generaron un escenario más recesivo y adverso en materia de empleo”.

“Hay que hacer un acuerdo entre todos los sectores (políticos, empresarios, sindicatos, organizaciones civiles y de base) para poner en marcha políticas de Estado para fortalecer el mercado de trabajo”, dice el informe. “De otra manera, no va a bajar la pobreza”. Una vez hechos los acuerdos, se refiere a la necesidad de realizar estudios serios para entender cuáles son los sectores productivos que hay que proteger porque van a generar más empleo y cuáles son los sectores que tienen que transformarse, sobre todo en las economías regionales. “Es fundamental para evitar migraciones forzadas de familias que no están bien en sus lugares de origen y se ubican en los cordones de las ciudades”. Asegura que en materia de políticas, entonces, “no se trata de ir de un extremo a otro. Se necesita un plan sostenido y sostenible”.

La vida microinformal

Volviendo al informe, a pesar de todo, solo el 9,6% de quienes están en el sector productivo microinformal manifiestan sentirse “nada o poco felices”. “Tenemos sistemas de autodefensa que nos permiten convivir con las desigualdades y con las grandes injusticias. La gente puede vivir de pequeñas felicidades”, dice Donza. Aunque, advierte, “en algún momento hay una falla y la situación eclosiona”.

La movilidad en estos sectores es muy difícil, pocos acceden a mejores empleos por falta de capacitación, experiencia y oportunidades, lo que alimenta el problema estructural. De hecho, el grupo Gestión, que presta servicios profesionales de búsqueda, selección y gestión de capital humano, realizó un relevamiento sobre una base de un millón de CV cargados virtualmente durante los últimos 18 meses. De ellos, solo 700.000 contaban con el secundario completo.

El ingreso mensual promedio del total de los ocupados en 2017 fue de $14.032, mientras que el del sector microinformal fue de $8479. Por otro lado, el ingreso de los ocupados en el sector privado formal es de $19.401 y en el sector público, de $18.389.

Hay una fuerte convicción por parte del 14,7% de quienes están en esta situación de precariedad de que es el resultado del destino y no de su propio comportamiento. Solo lo ven así el 3,9% de los ocupados en el sector privado formal.

Además, según la encuesta, expresan la necesidad de aumentar sus ingresos a través de más trabajo. Los subocupados horarios trabajan menos de 35 horas semanales, pero demandan más actividad. El deseo de trabajar más horas es mayor en el sector microinformal que en el resto de los ocupados: en 2017 el 39,8% de estos trabajadores demandaron más horas de trabajo, en comparación con el 21,8% del sector privado formal, con el 28,6% de los trabajadores del sector público y el 31,4% del total de ocupados.

Fuente: La Nación.