El dato surge de organismos del sistema judicial y de ONG que se reunieron en el Congreso para tratar la problemática.

Una en 1000. Esa era la chance de obtener justicia que tenían los hijos de Eleonor, de 3, 5 y 7 años, cuando contaron que su padre abusaba de ellos desde hacía ocho años. Pero no lo lograron: la Justicia Penal entendió hace doce meses que, pese a los informes del cuerpo médico forense que lo acreditaron, a los peritajes psicológicos y psiquiátricos y al relato que hicieron en cámara Gesell, no estaba probado el delito. Que se trataba de una pelea entre los padres después del divorcio y que la madre había implantado falsos recuerdos en la mente de sus hijos por revancha. Que, en definitiva, él era el padre y que con su exesposa debían ponerse de acuerdo y revincularse.

“Me encontré con dos monstruos: el padre abusador y el sistema judicial que todo este tiempo desprotegió a mis hijos. El día que mi hijo mayor me contó, fui a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte a denunciar. Me escucharon y me creyeron. Me recibieron en el paraíso y me depositaron en el infierno, que es el sistema judicial. Ahí, automáticamente una madre que denuncia un abuso se convierte en una desquiciada y los hijos, en mentirosos”, cuenta.

No es un caso aislado. En la Argentina, se estima que de cada 1000 abusos sexuales infantiles que se cometen solo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena, según las cifras del Ministerio Público Fiscal (MPF), la Oficina de Investigación y Estadísticas Político-Criminales de la Procuración General de la Nación y el Cuerpo de Peritos Forenses, presentadas el lunes pasado en la Jornada contra el Abuso Sexual Infantil que se hizo en el Congreso. Los números fueron aportados por la ONG Red por la Infancia y convalidados por los principales referentes en la materia, presentes en el encuentro. Las conclusiones fueron claras: la cadena de detección, denuncia y condena se corta en todas las instancias y esto hace que en este delito solo remotamente se castigue al culpable.

Un sistema judicial paternalista, lento y sin capacitación específica; médicos que no detectan el abuso; maestros que temen denunciar; la presión de la familia; una Justicia que entiende el vínculo como un atenuante y no como un agravante; jueces que no investigan y lo reducen a un conflicto familiar y privado. Esas son algunas de las muchas razones, que se explicaron en el encuentro, por las que el abuso sexual infantil es uno de los delitos menos castigados en el país. Y también, en la jornada, se expusieron otros aspectos de la problemática.

Siete años para una condena. Es el doble de tiempo promedio que para el resto de los delitos penales, señala Paula Wachter, presidenta de la Red por la Infancia, organizadora, junto con la diputada de Evolución Carla Carrizo, de la jornada. “Uno de cada 1000. Los abusadores hoy gozan de impunidad. Y si esa condena llega, tras siete años, los niños se hicieron adultos. No se los protegió en su infancia”, agrega. Hoy, para el Código Penal, quien abusa sexualmente de un menor de 13 años recibe la misma pena que quien libra un cheque sin fondos: entre seis meses y cuatro años. Y si la víctima es menor de 16, la sanción es la misma que para el que comete usura: de tres a seis años.

Una cuestión privada. “La ley argentina atrasa 30 años”, apunta Carrizo. Hoy, el abuso sexual es un delito de acción pública, pero de instancia privada. “Si el Estado recibe una denuncia, puede actuar, pero la madre o el padre tienen que ratificarla. Algo utópico porque el 80% de los abusos se cometen dentro del hogar, con el padre como la principal figura”, explica Eva Giberti, directora del programa Las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia de la Nación. La Argentina es uno de los pocos países de la región que todavía no introdujeron modificaciones: en noviembre pasado, el cambio obtuvo media sanción en el Senado y todavía debe ser tratado en Diputados.

La barrera del silencio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de abusos sexuales. Pero solo tres de cada 10 rompen el silencio y piden ayuda, según datos de Unicef. “La vergüenza que inculca la sociedad cristiana desde la primera infancia es una de las grandes barreras. También el desamparo que produce el incesto”, dice Giberti. Los hermanos, agrega, muchas veces desalientan que se hable. “Mirá lo que le pasa a papá por vos”, le suelen expresar. La culpa es otra barrera. El 62% de las víctimas no pidieron ayuda. El 22% lo hizo, fue escuchado, pero no la recibió, y solo el 16% recibió ayuda después de hablar, según un estudio que hicieron los investigadores María Bringiotti y Pablo Raffo en 2013.

Indicios que no se consideran. Las siete de cada 10 víctimas que no rompen el silencio también piden ayuda. Sus dibujos, su carácter, sus conductas sexuales y su salud hablan por ellas. Sin embargo, muchas veces los que detectan esos indicios los pasan por alto porque no tienen capacitación específica o bien porque temen quedar involucrados. Apenas el 10,7% de las denuncias por abuso se originaron en el sistema educativo y solo el 6,3%, en el sector de la salud, según detalla Pilar Molina, directora del Organismo de Niñez y Adolescencia de la provincia. La mayor cantidad de intervenciones se originan en denuncias que se reciben en comisarías (36,8%) y en el Poder Judicial (22,9%).

Desalentar la denuncia. Al momento de presentarla, las madres de las víctimas cuentan que en los juzgados escucharon expresiones como: “Mirá que no vas a recibir más la cuota alimentaria” o “¿estás segura? Si no podés probarlo, te puede sacar a tus hijos”. Las cifras del MPF indican que la mitad de las denuncias por este delito se archivan sin que existan medidas de prueba. Directamente no se investigan. La incidencia es del 60% si la víctima tiene menos de cinco años, señala Malena Derdoy, que dirige la oficina de Orientación y Asistencia a las Víctimas del MPF. Los números que aportó el juez de garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale lo confirman: entre mayo de 2016 y ese mes de 2017, en ese departamento judicial se recibieron unas 1300 denuncias de abuso sexual infantil. Unas 700 ya fueron archivadas. Otras 600 están en trámite. Apenas 42 personas fueron detenidas y no hubo ninguna condena.

El mito de la falsa denuncia. Una investigación de la psiquiatra infantil Virginia Berlinerblau, médica forense, argumenta que la incidencia de las falsas denuncias en abuso infantil es del 3,8%. Sin embargo, un relevamiento hecho por la ONG Hamartia en 2016, sobre 100 causas, determinó que la mitad se desestiman y cierran por argumentos de falsa denuncia. También mencionan el síndrome de alienación parental, que es un concepto creado por Richard Gardner. El psiquiatra norteamericano indicó que la pelea de la pareja durante el divorcio puede traducirse en que la madre “inocule” falsos recuerdos de abuso en los hijos. El síndrome carece de consenso científico y fue rechazado por la OMS y la Asociación Americana de Psicología.

El retractación de la víctima. Si sucede, muchos jueces cierran las causas. Sin embargo, especialistas como Derdoy y Giberti sostienen que la retractación debería ser interpretada como una convalidación de la denuncia. “Cuando la víctima descubre que sus temores se hacen realidad, siente presiones familiares y ve que su familia se desmorona, es esperable que quiera decir que no ocurrió”, dice Giberti.

La Justicia no investiga. La mayoría de las causas por abuso sexual infantil se cierran sin que se haya investigado. Esto tiene dos razones. La primera: la cantidad de defensores y causas. “En el primer semestre de 2015, los siete defensores de menores en lo civil debieron intervenir en al menos 1368 casos cada uno. Los cuatro defensores de menores en lo penal, en al menos 3004. Es decir, unas cinco por defensor por día. Es habitual que no exista intervención alguna”, dice Wachter, sobre la base de informes anuales del Ministerio Público de Defensa y el MPF. La segunda razón es que el Estado no les asigna representación legal a las víctimas, aunque sí al abusador denunciado, por el Pacto de San José de Costa Rica. En cambio, es el MPF el organismo que debe ejerce a la vez la defensa del Estado y de la víctima. “Pero no es lo mismo. Contratar un abogado cuesta a lo largo del proceso unos 100.000 dólares para la madre”, explica Wachter. La contracara es que si la víctima y su madre son representadas en la denuncia penal por un fiscal, es muy probable que la causa se archive sin ninguna investigación.

fuente: agenciahoy