El Juzgado Penal de Puerto Iguazú, a cargo de Martín Brites, indagó a Alberto Romero y Héctor “Paco” Zagert por la denuncia que presentó un exempleado de la cooperativa. Les rechazó el pedido de nulidad del acta de allanamiento a la entidad.

El Juzgado de Instrucción 3 de la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en Puerto Iguazú, rechazó hace algunos días un pedido de nulidad del acta elaborada por el allanamiento a la sede de la Cooperativa Eléctrica Eldorado Limitada (CEEL), presentado por la defensa del presidente de la entidad Alberto Romero y el exvicepresidente Héctor “Paco” Zagert.

Dicho allanamiento se realizó en el marco de la investigación que dirige el juez Martín Brites por presunta “coacción y administración fraudulenta” en una suma cercana a los cuatro millones de pesos contra el titular de la CEEL y el comerciante y exvicepresidente de la cooperativa eldoradense.

Esa millonaria suma sería el resultado de refacturaciones que habrían beneficiado a determinados usuarios de la entidad mediante descuentos considerados, las que habrían sido ordenadas por los ahora investigados.

Todo se inició por una denuncia presentada por un exempleado de la CEEL, Diego Florentin, incorporado como querellante en la causa. El mencionado fue echado por la administración Romero, razón por la cual Florentin presentó además una demanda laboral. La figura de la coacción que tiene la carátula del expediente, sería por las amenazas que habría recibido el denunciante.

Avances en la investigación
Inicialmente, fue la jueza de Instrucción 2 de Eldorado, Nuria Allou, quien inició la investigación por las presuntas irregularidades. El abogado defensor de los imputados pidió que Allou sea apartada de la causa en noviembre del año pasado mediante su recusación. Fue entonces cuando, además, presentó el pedido de nulidad del acta de allanamiento a la CEEL, en el que se habrían secuestrado importantes documentaciones para avanzar con la causa.

La jueza se inhibió, al igual que Roberto Saldaña titular del juzgado de Instrucción 1 de Eldorado. Al no quedar más jueces en la Capital del Trabajo sin apartarse, el expediente pasó a Martín Brites de Puerto Iguazú quien finalmente se abocó a la investigación y llamó a indagatoria a Romero y Zagert. Además, rechazó el planteo de nulidad de la defensa de los dirigentes renovadores, dejando firme la actuación de Nuria Allou.

Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, en la indagatoria judicial los acusados declararon y se desligaron de todo. Pero uno de ellos, habría asegurado que el proceso de refacturación estaba bien realizado.

Beneficiados sin reclamos
Según fuentes judiciales, lo que se investiga en este expediente son los beneficios que obtuvieron algunos usuarios importantes de la CEEL, mediante un proceso de refacturación en el que se les achicaba el monto a pagar por la energía consumida. De allí surge que las quitas podrían llegar a los cuatro millones de pesos que no habrían ingresado a las arcas de la entidad eldoradense.

Habitualmente las distribuidoras eléctricas reciben reclamos de los usuarios por la facturación, que puede tener un proceso de revisión, cotejando con el promedio de los meses anteriores y se ve si hubo o no un error. De considerarse correcta la queja, administrativamente se habilita un proceso para refacturar los consumos.

Lo que denunció el exempleado Diego Florentin, es que serían entre tres y cuatro empresas de Eldorado las beneficiadas sin que nadie de las mismas se presentara ni hiciera un reclamo.

Sin embargo, habrían sido los directivos quienes habrían ordenado refacturarles. Las fuentes consultadas explicaron a modo referencial sin conocerse los detalles de las facturas investigadas que las empresas beneficiadas habrían terminado pagando apenas el 10% tras la revisión de la CEEL.

Destacaron que, según la denuncia, no habría un error en la lectura si no que habría un interés por cobrarles un menor monto. De allí que se les imputa la presunta administración fraudulenta.

Ahora, entre otras medidas, se habrían pedido pericias contables.

fuente: primeraedicion