La Cámara Federal fijó pautas para hacer avanzar las causas de corrupción

El arrepentido que quiera acceder a una morigeración de la pena tiene que hacer un acuerdo con el fiscal que luego debe ser homologado por el juez.

Con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, la Sala II de la Cámara Federal fijó las pautas que deberán tener en cuenta los jueces frente a los pedidos de excarcelación de “arrepentidos” en causas por narcotráfico, crimen organizado y corrupción.

En el fallo, los jueces hicieron referencia al mecanismo previsto en la llamada “ley del arrepentido” para determinados delitos de tráfico de estupefacientes, delincuencia organizada y corrupción en la administración pública mediante el cual se establece una reducción de las escalas penales. Los partícipes o autores pueden acceder a este beneficio cuando durante el proceso den datos precisos y comprobables que permitan esclarecer el hecho, revelar la identidad o el paradero de otros
responsables, proporcionar información que permita un avance significativo de la investigación o el paradero de las víctimas privadas de su libertad en casos de secuestro, y averiguar el destino de los bienes o ganancias producto del delito.

El arrepentido que quiera acceder a una morigeración de la pena tiene que hacer un acuerdo con el fiscal que luego debe ser homologado por el juez. A partir de ese momento comienza a correr un plazo, que no puede ser superior a un año, para poner en marcha todas las medidas necesarias para corroborar los dichos del imputado colaborador. La ley establece que la pena se puede reducir de un tercio a la mitad cuando el “arrepentido” brinde “información o datos precisos, comprobables y
verosímiles”.

Frente a este escenario legal es que la Cámara Federal fijó las pautas que deberán tener en cuenta los jueces al momento de otorgar excarcelaciones y homologar los acuerdos entre potenciales arrepentidos y fiscales.

En primer término reitera que para hacer lugar a un pedido de excarcelación no debe existir peligro procesal, es decir, que el imputado se pueda fugar o esté en condiciones de entorpecer la investigación.

En segundo lugar, si bien la ley del arrepentido prevé que el acuerdo homologado y la consecuente reducción de la pena puede ser considerada al momento de conceder o no un pedido de excarcelación o exención de prisión, la Cámara sostuvo que el juez debe evaluar esta circunstancia con prudencia.

Por último, Irurzun y Farah dejaron en claro que “la magnitud, utilidad y nivel de corroboración que tengan los datos aportados constituyen aspectos relevantes, aunque no necesariamente dirimentes.”

Es decir, que las pautas fijadas por la Cámara para los jueces, traerán como efecto que los “arrepentidos” por casos de corrupción, narcotráfico o crimen organizado deberán esmerarse en la información que aporten si quieren evitar ir presos o salir antes de prisión, y como consecuencia,
estas causas avanzarían con más rapidez. Hasta ahora, en la mayoría de los casos, los jueces de instrucción diferían los efectos del acuerdo con los arrepentidos para el final del proceso. En cambio, con estas pautas, la Cámara insta a los jueces a definirlos en la instrucción y/o antes de la sentencia.

fuente: infobae

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