Los abogados Emilia Itatí Juañuk y Ricardo Tomás Skanata formalizaron la presentación ante el organismo nacional que preside Laura Alonso.

Lo hicieron con vistas a que se investiguen todas las contrataciones propiciadas por el exDirector Ejecutivo de la Entidad Binacional de Yacyretá, Oscar Thomas. Y apuntan concretamente al caso del Ministro del Superior Tribunal de Justicia, Sergio César Santiago, quien incurrió en incompatibilidad de funciones al aceptar un cargo como formador de asesores entre 2012 y 2015.

POSADAS. Los abogados Ricardo Tomás Skanata y Emilia Itatí Juñuk formalizaron en las últimas horas, la denuncia ante la Oficina Anticorrupción por las escandalosas contrataciones efectuadas por el exDirector Ejecutivo de la Entidad Binacional de Yacyretá, Oscar Thomas. Si bien los letrados solicitan se investiguen todos los contratos extendidos por el arquitecto rovirista, la presentación apunta específicamente al vínculo contractual del Ministro del Superior Tribunal de Justicia, Sergio César Santiago, que se desempeñó –de acuerdo con el contrato- en tareas de formación y capacitación de asesores legales de la EBY, entre otras funciones. Por el doble cargo que desempeñó entre Mayo del 2012 y Abril del 2015 –con sueldos de entre 30 y 45 mil pesos mensuales-, el Colegio de Abogados ya le solicitó la renuncia, por conducta anti-ética y por haber incurrido, presuntamente, en incompatibilidad de funciones. No obstante, el pedido de investigación no deja al margen los casos de numerosos contratados, allegados, familiares o socios de dirigentes protegidos por el Presidente de la Legislatura, Carlos Rovira.

Los abogados Juañuk y Skanata, ya se han pronunciado públicamente en el marco del escándalo institucional en la provincia de Misiones, donde un miembro del Superior Tribunal de Justicia consideró “factible” ser contratado por la EBY mientras se desempeña en el máximo cargo del Poder Judicial provincial. Ahora se confirma una presentación oficial para que la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Nación Argentina que conduce la Lic. Laura Alonso, tome cartas en el asunto e investigue hasta las últimas consecuencias, este caso que salió a la luz con el cambio de gobierno y la salida de Thomas de la EBY –ahora conducida por Humberto Schiavoni.

Skanata y Juañuk sostienen en el escrito presentado a la OA y dado a conocer a la prensa:

“De nuevo escándalo institucional que se ha cometido puertas adentro de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), lo que nos lleva hoy a los misioneros, a requerir se investigue por la Oficina Anticorrupción (OA) contrataciones realizadas durante la gestión del anterior Director Ejecutivo de esa entidad (Arq. Oscar Thomas), y que involucra nuevamente a un integrante del máximo tribunal de justicia de la Provincia, el ministro sergio césar santiago (ex asesor jurídico de la EBY)”

“En efecto, por medios periodísticos y propios testimonios del abogado de la EBY, Dr. Alejandro Tonelli, nos hemos anoticiado los misioneros que, la nueva administración designada por el Presidente mauricio macri días atrás, ha recibido un organismo minado de contrataciones laborales con montos mayores a $30.000, $ 45.000 y hasta $60.000, de personas que no cumplían su labor, no asistían a su lugar de trabajo, siendo mucho de ellos, familiares directos o amigos de los funcionarios del  partido gobernante que conduce el ex gobernador ing. Carlos Rovira, además de familiares directos de  integrantes de la actual justicia provincial”.

“Ante esta situación, y al no darse a conocer por la nueva administración, la identidad de los beneficiarios de las contrataciones irregulares” un diario de Posadas, “comienza a requerir a través de sus periodistas se divulgue los nombre y apellidos de las personas involucradas. Explica que es preciso conocer quiénes son los denominados ‘ñoquis’, como se los conoce en nuestro país o ‘planilleros’ mote que reciben en el Paraguay las personas que cobran del Estado y no trabajan (…)”.

“Pero este, no es el único caso bochornoso que se ha conocido y denunciado ante los medios luego de asumidas estas nuevas autoridades. Se ha conocido también, por declaraciones del actual Consejero de la EBY, Martín Goerling, del pasado 10/02/16 en el mismo diario en cuestión, de pagos de indemnizaciones a cuatro (4) ex consejeros de la Entidad Binacional Yacyretá, por montos millonarios ($20.000.000), que se habrían repartido a modo de compensación o indemnización o resarcimiento, por la finalización de su ‘gestión política’ al frente del organismo”.

“A estas tremendas denuncias periodísticas, algunas reconocidas por la nueva gestión a cargo del Dr. Humberto Schiavoni, se suma hoy el haber tomado conocimiento oficial desde la misma EBY, que el Dr. Sergio César Santiago, actual ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones, desde el año 2012 mantuvo una vinculación contractual con el organismo dirigido en ese entonces por el Arq. thomas, en forma paralela y concomitante a sus funciones en la alta magistratura provincial. Ese hecho, ha derivado ya, en un escándalo institucional de magnitud, lo que ha decidido  al Colegio de Abogados de los misioneros, el día miércoles 24 de febrero último, reclamar la renuncia inmediata del Ministro de la corte provincial y anticipar el pedido de juicio político si así no lo hiciere.- Conforme los antecedentes que se acompañan, es la misma EBY que informa, mediante copia del contrato, que el señor ministro, ha mantenido un doble cargo y recibido cuantiosos emolumentos (entre $30.000 y $45.000) mensuales desde el mes de mayo de 2012 al mes de abril de 2015, período donde ya había sido honrado con la Alta Magistratura Judicial”.

“Como esta última contratación, constituye una flagrante violación a las normas constitucionales de la Provincia, tanto el Colegio, como los firmantes de esta nota, hemos hecho reserva de exigir el Juicio Político al magistrado Santiago, ante la Cámara de Representantes de la Provincia, a cuyo fin va este pedido de investigación, que nos muniría de las pruebas contundentes para llegar a su destitución y luego, por supuesto, intentar recuperar los dineros mal habidos para el erario provincial y nacional”.

“La competencia para hacer las investigaciones de rigor de esa Oficina, surgen de la propia Ley 25166 de Ética en el Ejercicio de la Función Púbica y Decreto 41/99, que coloca al personal y funcionarios de la EBY. dentro de las personas alcanzadas por la obligatoriedad de sus prescripciones”.

“Concretamente se requiere investigación sobre los siguientes puntos:

Si las actividades docentes y de investigación que dan cuenta en el contrato remitido por la EBY al colegio de abogados, figurarían como uno de los objetivos constitutivos de la EBY.
Tiempo de duración de la vinculación contractual entre la EBY y el Dr. Sergio César Santiago para ejercer tareas de docencia e investigación.
Montos parciales y totales percibidos por el Dr. Santiago, en retribución a su labor como docente o investigador y las fechas de cada pago.
Forma de pago de las retribuciones percibidas por el profesional en su calidad de docente o investigador. Si ha percibido en efectivo, mediante depósitos bancarios o cheques. Si los pagos se han efectivizado en moneda argentina o extranjera.
Tipo de actividades académicas desplegadas como docente o investigador.
Lugar y fecha de esas actividades (clases, foros, talleres, etc.) como docente y cantidad de alumnos capacitados.
Nombre, apellido y situación de revista laboral de los agentes o empleados de la EBY que se han visto capacitados por el Dr. Sergio César Santiago.
Evaluación final de cada una de las actividades docentes informadas a la EBY por el Dr. Sergio César Santiago.
Pasajes aéreos o terrestres abonados por la EBY a favor del  Dr. Santiago y/o viáticos reconocidos o pagados con motivo de la contratación.
Uso de automotores de la EBY para su traslado al dictado de clases y/u otra actividad docente.
Eventual entrega de vales de nafta y/o uso de celulares de la Entidad para consumo del Dr. Santiago en ejercicio de su tarea laboral”.

“(…) Por todo lo expuesto a la Sra. Secretaria (Laura Alonso) solicitamos, tenga por presentada la correspondiente presentación, por denunciado domicilio de los suscriptos, acompañada pruebas y solicitada información necesaria para complementar la presente, amén de aquellas que considere oportunas la Secretaría a vuestro cargo”.

“Que, tratándose los hechos denunciados, de hechos sensibles para la población de la provincia que requieren de una respuesta inmediata, solicitamos se dé a la presente, trámite de pronto despacho, y- se nos permita el acceso al trámite a efectos de poder aportar todo lo que esté de nuestra parte para lograr el esclarecimiento de los mismos”.

“Que, en el mismo sentido, considerando que son necesarios para el inicio del correspondiente Juicio Político al magistrado provincial involucrado, la información que surgirá de la investigación que se solicita, solicitamos se nos provea de la misma, inmediatamente de ser recopilada”, cierra el escrito presentado por Skanata y Juañuk a la OA.

fuente: misionescuatro